Empresas europeas venden en Perú 19 pesticidas para agricultura, prohibidos en su territorio

Las compañías Bayer, Syngenta Group, BASF y Agrolac comercializan en nuestro país un grupo de agrotóxicos que están prohibidos en la Unión Europea por sus potenciales daños a la salud humana y al medio ambiente. Los agricultores los usan sin control en los campos de cultivos de alimentos que llegan a nuestras mesas.

El Perú es uno de los países receptores de pesticidas prohibidos en la Unión Europea que un grupo de compañías multinacionales exporta sin restricciones pese a ser nocivos para la salud pública y el medio ambiente. Miles de pequeños agricultores los compran y usan en sus tierras para eliminar las plagas sin conocer los peligrosos efectos para su vida, la biodiversidad de los ecosistemas y los alimentos que llegan hasta nuestras mesas.

Tras la revisión del registro de agroquímicos autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y reportes aduaneros de los últimos cinco años, Salud con lupa halló que las compañías Bayer y BASF (Alemania), Syngenta (Suiza/China) y Agrolac (España) exportan a nuestro país 19 tipos de pesticidas vetados en Europa. Entre ellos se encuentran los neonicotinoides, un grupo de insecticidas prohibidos por la alarmante mortandad que causan en las abejas, polinizadores esenciales para garantizar las semillas con las que se producen miles de alimentos en el mundo.

Plaguicidas prohibidos en Europa que se exportan al Perú

“No estamos siendo coherentes en nuestra ambición de un medio ambiente libre de tóxicos si las sustancias químicas peligrosas que no están permitidas en Europa pueden seguir produciéndose aquí y luego exportarse a otros países. Estos pesticidas pueden causar el mismo daño a la salud y al medio ambiente independientemente de dónde se utilicen”, reconoció el comisionado de Medio Ambiente de la Unión Europea, Virginijus Sinkevičius. Estas declaraciones las dio durante el lanzamiento de una consulta pública iniciada en mayo de 2023 para abordar el problema.

Este proceso de consulta, que recoge evidencia de científicos e investigadores de organizaciones no gubernamentales sobre los problemas de los agroquímicos, se realiza como parte de la discusión de un proyecto de ley que propone poner fin a la producción y exportaciones de plaguicidas que desde hace varios años están prohibidos en la Unión Europea. La Comisión de Medio Ambiente se había comprometido a votarlo en 2020, pero se ha enfrentado a la firme oposición del “lobby químico” promovido por los grandes fabricantes de agrotóxicos que mueven un negocio que factura 31.000 millones de euros al año, según el Atlas de los Pesticidas 2022.

En los últimos años, las ventas globales de pesticidas han crecido en un promedio de cuatro por ciento por año. En América Latina, al menos un tercio de los productos más vendidos corresponden a agrotóxicos altamente peligrosos vetados en la Unión Europea. Este aumento está relacionado con la expansión de los monocultivos (entre ellos, soya, palma aceitera y maíz), lo que ha generado cambios drásticos en las condiciones de vida de las comunidades de agricultores y en las perspectivas de desarrollo humano de los países, según el informe Agrotóxicos en América Latina: violaciones del derecho a la alimentación y a la nutrición adecuadas.

En dicho informe se han advertido algunos problemas causados por el modelo de agricultura dependiente de pesticidas: la aparición de plantas e insectos que son más difíciles de controlar, que exigen nuevas generaciones de semillas transgénicas y usos más intensivos de agrotóxicos; la aparición de problemas de salud en los trabajadores del campo, como cáncer, malformaciones, cambios en los sistemas hormonales, reproductivos y digestivos; y reducción de la biodiversidad, degradación de ecosistemas y vida de suelos y agua.

Sin embargo, las corporaciones que exportan los agrotóxicos no pagan nada por los daños que ocasionan, o solo lo hacen si hay decisiones judiciales que las obligan, como ha ocurrido recientemente en Estados Unidos. Allí, Bayern pagará más de 10.000 millones de euros a personas que la demandaron por los daños a su salud provocados por su pesticida Roundup que contiene glifosato.

saludconlupa.com

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