Conflictos sociales en el sur que le esperan al próximo gobierno

En la cuidad Tacna, uno de los principales conflictos es el referido al proyecto Vila Vilani II, que también involucra a la región Puno. El proyecto fue paralizado, pues un juzgado concedió una medida cautelar presentada por el Gobierno Regional de Puno para que se suspenda el contrato de obra. Las comunidades fronterizas de Tacna y Puno se oponen al proyecto, pues consideran que el trasvase de aguas que se quería realizar, afectará los bofedales andinos y se quedarán sin alimento para sus animales.

Un manifestante lleva una botella con un líquido de color naranja intenso que recogió del río Coralaque. Con esas aguas contaminadas, se queja, riegan los cultivos del centro poblado Santiago de Pachas (Moquegua). La marcha recorre las calles de Moquegua a la espera de una solución. Los agricultores llegaron hasta la Panamericana Sur y bloquearon el paso de vehículos a Arequipa y Tacna.

“Sufrimos con esta agua contaminada. La consumen los animales y la usamos para la agricultura”, dijo el hombre de campo. La contaminación proviene de Florencia Tucari, unidad minera localizada en la sierra moqueguana, límite con Puno. La mina está en proceso de cierre pero sus relaves afectan a la cuenca hídrica. Aguas que llegan hasta el valle de Tambo. Ahí también los agricultores elevaron su voz de protesta. El gobierno debe invertir en este cierre de operación que le pertenece a Aruntani.

Este es uno de los recientes conflictos sociales activos en el sur del país. No es nuevo, data del 2017 y recién el martes se volvió a instalar una mesa técnica con la PCM para tratar de solucionar esta demanda.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, 59 de los 191 conflictos registrados en el país (entre activos y latentes) están en Cusco, Puno, Apurímac, Moquegua, Arequipa y Tacna.

Según esta misma entidad, el 64.4% de estos son de tipo socioambiental, fundamentalmente relacionados a la actividad minera.

En Puno, también hay contaminación de los ríos Ramis, Coata, Llallimayo y Suches. Se atribuyen a los desagües de Juliaca, relaves de la minería informal e informal.

El representante de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona Huamán, señaló que de los 15 conflictos existentes cuatro son complejos.

La contaminación del río Ramis data de hace muchos años. Ticona señaló que lo urgente es la remediación ambiental. Existe la propuesta de construir una presa de sedimentación para depositar el agua contaminada. El Ministerio de Economía debe destinar el presupuesto.

Sobre la contaminación del río Llallimayo, con metales pesados, provenientes de la actividad de la minera Aruntani, también se programaron protestas, pero fueron postergadas. Hay una mesa de diálogo estancada por la pandemia.

Respecto al problema de la cuenca del río Suches, la contaminación proviene de un relave minero de Bolivia. Son los informales. Ticona resaltó que este problema tiene que ser abordado a nivel binacional.

La cuenca del Coata representa uno de los mayores problemas. La Dirección Regional de Salud de Puno hizo tamizaje a la población y les detectó alta concentración de metales pensados. “Por ahora se lleva agua en cisternas, pero eso es un paliativo, no es la solución definitiva”, resaltó.

Corredor minero del sur

El corredor minero es una vía que atraviesa Apurímac, Cusco y llega hasta el puerto de Matarani-Arequipa. Sirve para sacar el mineral de Las Bambas, Hudbay y Antapaccay y embarcarlo al Asia. Las comunidades que viven en los alrededores de la vía se quejan de la contaminación y exigen a las empresas en compensación aportes económicos.

Según la representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco, Rosa Santa Cruz, se requiere una mayor atención a estos reclamos. No se cierran los procesos de diálogo. Uno de los más recientes es el pedido de las autoridades y pobladores del distrito de Livitaca, provincia de Chumbivilcas, quienes exigen a la minera Hudbay, la suscripción de un nuevo convenio marco en reemplazo del firmado en 2016. La solicitud es que la minera incremente su aporte a 250 millones de soles. Según el del 2016, la mina entrega S/ 3.5 millones al año. Ahora están en proceso de retomar el diálogo.

Otro de los conflictos reportados por la defensoria del Pueblo, data de enero de este año. El Frente Único de Intereses de la provincia de Chumbivilcas pidió a la minera Hudbay, la nulidad de la tercera modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Unidad Minera Constancia.

Además, se encuentra la solicitud de las comunidades campesinas del distrito de Espinar, quienes exigen la consulta previa para el proyecto Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco y compensación por impactos ambientales y sociales. Sobre este, se ha aprobado un cronograma para reuniones técnicas virtuales.

El pedido de la comunidad campesina de Fuerabamba de la provincia de Chumbivilcas también se encuentra en el reporte de abril de la Defensoría. El poblado cuestiona la reclasificación como ruta nacional de la vía que cruza por el fundo Yavi Yavi. Según los pobladores, la empresa Las Bambas construyó el tramo sin tener permiso de la comunidad. Aunque se ha llegado a un acuerdo económico, varios puntos aún siguen en negociación. Las reuniones se suspendieron en abril, pues el presidente de la comunidad pidió permiso por motivos de salud.

Conflictos mineros en Arequipa

En la región Arequipa, Tía María de la empresa Southern es el conflicto latente. La población del valle de Tambo lo rechaza al considerar que contaminará el ambiente y afectará la agricultura. Recientemente, el Poder Judicial dictó sentencia en contra de varios dirigentes por el delito de entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos y motín.

El representante de la Defensoría del Pueblo, Ángel María Manrique, señaló que, tras las elecciones presidenciales, las demandas sociales se van a reactivar en la región y será una situación paralela a la evolución de la pandemia del coronavirus.

Según la Defensoría otro conflicto es el relacionado al proyecto Zafranal. También hay problemas con las compañías mineras de la provincia de Caylloma. Los frentes provinciales y autoridades les pusieron una serie de condiciones a las compañías para que continúen operando.

la republica

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